La libertad de decidir y el acceso garantizado al aborto legal y seguro es una condición imprescindible de la ciudadanía de las mujeres, en tanto alude a su autonomía corporal, sexual y reproductiva. Esta es una materia pendiente del Estado chileno, que se ha negado a debatirla en su institucionalidad parlamentaria.
Por siglos, la sexualidad y la reproducción han sido los ejes sobre los que se ha construido el control y la subordinación social de las mujeres, asignándoles la maternidad como su función primaria, mientras que el ejercicio de su sexualidad sigue indisolublemente ligado al mandato impuesto por las normas del sistema sexo-género, las religiones y las instituciones.
Las mujeres chilenas hemos luchado históricamente por el reconocimiento de nuestra condición de ciudadanas plenas, con derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y sobre los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestras vidas. Una democracia que se precie de tal no puede permitir leyes que regulen que las mujeres vivan sometidas a las decisiones de otros.
En este marco, el acceso al aborto seguro y legal es imprescindible para la realización de nuestros derechos humanos. Toda mujer puede verse enfrentada a la decisión de abortar y las leyes punitivas no evitan los abortos, sino que fomentan las prácticas clandestinas y peligrosas. Colocan así en riesgo la vida y la salud de las mujeres más pobres y las jóvenes, lo que refuerza desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y garantizar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias.
La penalización del aborto transgrede los estándares mínimos de justicia social y equidad, y los compromisos que el Estado chileno ha asumido en conferencias mundiales y frente al sistema internacional de derechos humanos, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los comités de vigilancia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, han señalado en reiteradas ocasiones al Estado chileno la necesidad de modificar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia. Pero este ha rechazado las recomendaciones, demostrando su negligencia con la vida y titularidad de derechos de las mujeres, atropellando su libertad de decisión, lesionando su dignidad humana e interviniendo arbitrariamente su proyecto de vida. El Parlamento ha sido cómplice directo de esta situación, ya que desde los años 90 se ha negado a debatir un problema que compromete la vida, libertad y ciudadanía de la mitad de la población chilena.
La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, este 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hace un llamado urgente a la sociedad chilena toda, a los diversos movimientos sociales, a los partidos políticos y a la academia para que, recuperando el carácter laico del Estado chileno, ampliemos la democracia, la justicia sexual y económica para las mujeres y construyamos una mayoría que exija el debate y la aprobación de una ley de aborto legal y seguro.
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal
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