En el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, como Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD, denunciamos que la penalización del aborto, así como la delación, maltrato y encarcelamiento de las mujeres que abortan es un ejemplo dramático de la violencia machista que persiste en nuestro país. Es un problema de derechos humanos, de desigualdad social y de salud pública.
Las leyes que prohíben el aborto constituyen una injerencia indebida del Estado sobre la vida, la libertad y el cuerpo de las mujeres; violan su derecho a no ser sometidas a tratos inhumanos y degradantes; e impiden el goce de su salud integral, en especial su salud sexual y reproductiva.
Rechazamos la grave negligencia del Estado chileno al no dar cumplimiento a recomendaciones que le han reiterado los organismos de DD.HH. de Naciones Unidas en cuanto a revisar sus leyes, políticas y prácticas sobre el aborto, las que afectan con especial fuerza a las mujeres más pobres y adolescentes e incluso niñas, en tanto carecen de medios, recursos e información para decidir ante un embarazo no deseado.
En esta fecha emblemática, y con ocasión de la presentación del Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, defendimos públicamente el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito como reivindicación histórica del movimiento de mujeres y feminista en Chile. Dicho documento hizo énfasis sobre la permanencia de formas de tortura que deben ser erradicadas en el país, sin embargo, no aludió al maltrato contra mujeres que abortan como expresión de tortura y apremio ilegítimos. Y enarbolamos el lienzo “Aborto ilegal, Violencia estatal”, mientras el Presidente de la República, Sebastián Piñera, aludía a supuestos logros de su gobierno en materia de derechos humanos.
Nos preguntamos, entonces, con qué medida se valoran los derechos de las mujeres en Chile, si continúan siendo forzadas a maternidades que no desean ni han elegido, o son empujadas a procedimientos clandestinos que colocan en riesgo sus vidas y su salud, y sufren la condena social e incluso penal.
En las últimas décadas, los distintos gobiernos se han negado a reconocer la necesidad urgente de reformar las leyes que penalizan el aborto, y los legisladores han hecho caso omiso de su deber ineludible de debatir propuestas legislativas en el tema. Los movimientos sociales, por su parte, no han acompañado esta demanda central de las mujeres con la fuerza y compromiso necesarios. Hoy demandamos su apoyo decidido y concreto, en defensa de la vida, la libertad y la ciudadanía de las mujeres.
¡¡Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, ahora!!
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