A propósito de la discusión parlamentaria sobre aborto terapéutico, asistimos nuevamente “al rosario” de razones insostenibles del mundo conservador y fundamentalista chileno. En forma patéticamente reiterada, los argumentos que esgrimen contra el aborto son en esencia los mismos que levantaron para negar a las mujeres, en secuencia casi histórica, la educación, el voto, la libre circulación y el manejo patrimonial, entre otros: para ellos, las mujeres no tenemos capacidad racional, ni ética ni moral para tomar decisiones.
La penalización absoluta del aborto en legislación y “la vida” que anteponen los conservadores a la vida misma, las oportunidades y los derechos de las mujeres es un dogma de fe, no el resultado de un proceso gestacional ojalá deseado. El imperativo es: si hay un proceso de gestación, las mujeres tienen la obligación de llevarlo a término y producir un nuevo ser humano en las condiciones que fuesen y al costo que fuere.
Las mujeres no somos envases. Nuestros cuerpos son el territorio primario sobre el cual nos cabe el derecho de decidir. Y con mayor razón nos corresponde este derecho cuando de lo que se trata es de un embarazo no deseado o no buscado. Cada año, miles de mujeres creyentes y no creyentes deciden –a plena conciencia- abortar. Lo grave es que ese ejercicio de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad y, para la gran mayoría, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran su dignidad humana y su derecho a la salud.
Reconocer el derecho a decidir de las mujeres significa, respecto del aborto, que podamos tomar la decisión de interrumpir un embarazo en libertad, sin coacciones; que el procedimiento sea seguro y gratuito, es decir, en un establecimiento de salud y que la falta de dinero no sea impedimento; que sea legal, sin sanciones contra las mujeres, quienes las acompañan y el personal médico; que el Estado cumpla con su rol de garantizar todas las condiciones necesarias para que esto sea realidad, sin discriminación alguna.
Sería conveniente que los y las parlamentarias recordaran su rol de representantes, que las numerosas mujeres que abortan en condiciones de inseguridad, también son ciudadanas, que los estudios de opinión muestran que gran parte de la población está a favor de legislar sobre el aborto y que el debate se está haciendo en los espacios y redes sociales, aunque el Senado no haya aprobado la “idea de legislar”.
Si la voluntad de quienes legislan prioriza por la justicia, necesariamente deberá despojarse de los milenarios mandatos de sumisión y subordinación de las mujeres así como de control político de sus cuerpos, abriendo paso a decisiones libres que expresen su plena soberanía sobre éstos y sus proyectos de vida.
¡ABORTO LIBRE, SEGURO, GRATUITO Y LEGAL AHORA!
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir
Santiago, 20 de marzo, 2012.
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