Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia.
Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.
Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:
Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.
Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:
Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.
Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.
Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.
Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.
En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad.
La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras. Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México) o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embargo, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.
Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.
En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo.
Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir.
Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbimortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.
¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES!
Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:
1. Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales.
2. Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.
3. Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.
4. Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.
5. Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.
6. Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.
7. Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad
8. Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.
¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO
DE DEMOCRACIA!
¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!
Redes y Organizaciones firmantes:
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos
Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC
Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Articulación Feminista Marcosur
Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)
Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer
Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo + 20
Concertación Feminista
Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)
Cotidiano Mujer ( Uruguay)
Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)
Red Nacional de Mujeres de Colombia
IPAS México
Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México) Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)
Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)
INADE Joven (Guatemala)
Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC
Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)
Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20
Feministas en Resistencia (Honduras)
Red Nacional de Defensoras (Honduras)
Círculo de Estudios Feminista (Honduras)
Articulação de Mulheres Brasileiras (Brasil)
Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (Brasil)
Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)
Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)
Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (El
Salvador)
Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) (El Salvador)
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)
Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Taller Salud (Puerto Rico)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)
Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)
Centro de Documentación de Estudios (CDE) (Paraguay)
Tierra Viva (Guatemala)
BECA (Paraguay)
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD (Chile)
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