Boletina No. 1, septiembre, 2013. "Mujer, cuerpo, derechos".
El derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito es una demanda histórica de las mujeres chilenas que surge desde principios del siglo 20 y permanece sin respuesta. Entre 1931 y 1989 existió aborto terapéutico, sin embargo, este no reconoció el derecho al aborto, puesto que la decisión de lo que las mujeres podían o no podían hacer frente a un embarazo riesgoso, residía en manos de otros: los médicos. Este limitado acceso al aborto fue derogado en las postrimerías del régimen dictatorial de Pinochet, en arreglo directo entre Jaime Guzmán, el Cdte. Toribio Medina y la jerarquía católica conservadora.
El derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito es una demanda histórica de las mujeres chilenas que surge desde principios del siglo 20 y permanece sin respuesta. Entre 1931 y 1989 existió aborto terapéutico, sin embargo, este no reconoció el derecho al aborto, puesto que la decisión de lo que las mujeres podían o no podían hacer frente a un embarazo riesgoso, residía en manos de otros: los médicos. Este limitado acceso al aborto fue derogado en las postrimerías del régimen dictatorial de Pinochet, en arreglo directo entre Jaime Guzmán, el Cdte. Toribio Medina y la jerarquía católica conservadora.
Es por tanto, una
materia pendiente del Estado chileno que, a contravía de los avances que
ocurren en otras regiones y países, continúa imponiendo dispositivos de control
patriarcal sobre el cuerpo, la reproducción y la sexualidad de las mujeres, manteniendo
las leyes más castigadoras posibles.
Pero estas leyes no evitan la práctica del aborto. Quienes enfrentan
embarazos no deseados o inoportunos abortarán de una u otra forma, más allá de
la prohibición. Recordemos que una ley que penaliza el aborto en cualquier
circunstancia solo castiga a las mujeres pobres y las más jóvenes, puesto que
son ellas quienes pueden ser denunciadas a menudo en los mismos hospitales
donde acuden con abortos incompletos, son encarceladas e incluso arriesgan
morir en abortos clandestinos. Mientras que quienes tienen recursos acceden a
procedimientos seguros y no enfrentan el castigo social, lo que establece un
perverso doble estándar.
Esta es la realidad que hoy, como Articulación
Feminista por la Libertad de Decidir, queremos colocar en el debate público con más fuerza que nunca,
exigiendo respuestas y acciones concretas. ¿Hasta cuándo se impone sobre las
mujeres esta inaceptable dictadura moral, que además transgrede los principios
de un Estado laico? Ponemos en juicio la calidad
de esta democracia que obliga a las mujeres –la mitad de la población del país–
a someterse a las decisiones y posturas morales de otros: sean políticos,
jerarcas eclesiásticos, jueces, o profesionales de la salud.
Despenalizar el aborto
significa reconocer y validar los principios de libertad, autodeterminación,
dignidad y autonomía que tienen las personas todas por su sola condición
humana. Significa reconocer los derechos
sexuales y reproductivos, entendidos como aquellos derechos humanos que
permiten a todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción,
ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir
autónomamente sobre la reproducción. Contando para ello con la información, los
medios y los servicios que así lo permitan, incluyendo servicios de aborto
legal y gratuito.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El
Cairo, 1994), el aborto realizado en condiciones de riesgo fue declarado como
grave problema de salud pública y la Conferencia Mundial de la Mujer realizada
en Beijing en 1995 recomendó a los Estados revisar sus leyes punitivas. El
Estado chileno ha omitido cualquier acción en este sentido. Ha ignorado una serie de recomendaciones que el Comité de la
CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU le han planteado, subrayando la
urgencia de cambios en la penalización absoluta del aborto en Chile,
enfatizando el efecto negativo de las restricciones legales al aborto y su
impacto sobre el derecho a la vida y salud de las mujeres. Estos organismos
también han recalcando que las denuncias, los maltratos y el encarcelamiento de
mujeres por esta causa son formas de violencia y tortura inaceptables.
Por su parte,
desde 1991, el congreso chileno se ha negado sistemáticamente a abrir un debate
al respecto y no ha tramitado proyectos de ley sobre aborto, silenciando el
hecho indesmentible que en el país un total estimado de 120 mil mujeres abortan
clandestinamente cada año. Más de 300 cada día.
Esta realidad
debe ser confrontada. Las mujeres que abortan no son criminales, ni
delincuentes. Solo están ejerciendo, en las condiciones más difíciles y
limitadas, su derecho y libertad de decidir.
Seminario abordará realidades y desafíos sobre el aborto en
Chile
En
coincidencia con el próximo 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del
Aborto en América Latina y el Caribe, se llevará a cabo el Seminario Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Un asunto
de derechos humanos, Homenaje a Tegualda Monreal. Tendrá
lugar los días 26 y 27 de septiembre próximos, en lugar a confirmar, y es
convocado por la Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública,
con la participación de diversas Facultades, organizaciones de la sociedad
civil, y profesionales del área de la salud. Contará
además con participación de destacadas personalidades de América Latina
comprometidas con avanzar en el debate sobre la despenalización del aborto en
la región.
La
Articulación Feminista por la Libertad de
Decidir, Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe, está participando activamente en la
organización y desarrollo del Seminario, el cual abordará el tema del aborto
desde diversos enfoques, incluyendo las experiencias feministas que se están
impulsando en la región latinoamericana y caribeña en los últimos años para
derogar las leyes que penalizan el aborto y así garantizar el derecho de las
mujeres a la autodeterminación sexual y reproductiva. Próximamente
se difundirá la convocatoria oficial del evento y el programa a desarrollar,
con sesiones plenarias y talleres.
Violencia institucional contra mujeres en ALC
La
realidad regional da cuenta de numerosos casos de mujeres y niñas que se ven
afectadas por la penalización del aborto. En países como El Salvador,
Nicaragua, México, República Dominicana, entre otros, cotidianamente se
denuncia persecuciones contra mujeres que han abortado, y se les imponen
condenas altísimas. O bien se les niega el aborto incluso en condiciones que su
salud está en alto riesgo por la gestación. Por su parte, las organizaciones y
defensoras de los derechos de las mujeres sufren también amenazas y
amedrentamiento, tal como ha ocurrido recientemente con el Grupo sobre
Información en Reproducción Elegida, GIRE, de México.
Chile
no es la excepción. El caso de Belén,
niña de 11 años violada por el conviviente de su madre, quien como consecuencia
de ello quedó embarazada, tuvo un impacto incluso más allá de nuestro país.
Considerando la total ilegalidad del aborto, y tomando en cuenta el riesgo
evidente de una gestación a esa edad, distintas organizaciones y personas
levantaron su voz demandando la interrupción del embarazo, incluyendo personas
del ámbito médico y político.
Estas voces se encontraron con un muro de total negación, y el mismo Presidente
Piñera aplaudió la supuesta "madurez" de la niña que se habría
manifestado deseosa de continuar el embarazo.
Este
comentario de Piñera ha merecido total rechazo incluso desde otros países, por
cuanto una niña de esta edad difícilmente estará en condiciones de decidir
tener sexo, en primer lugar, y menos aún ser madre, sino que más bien da cuenta
de una situación de violencia, desprotección y falta de apoyo para resolver su
circunstancia.
Más
recientemente se denunció en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, a una
muchacha que habría acudido a un centro hospitalario para pedir atención de
urgencia por un aborto incompleto. Ella habría utilizado medicamentos abortivos
y ante la falta de resultados, habría procedido a realizarse maniobras
abortivas. Fue denunciada en el hospital y es un caso que probablemente llegue
a ser enjuiciado en tribunales. Este hecho demuestra que el
Ordinario A15/1675 del Ministerio de Salud, que obliga a la no
judicialización y a la confidencialidad de los casos, no se está aplicando y
persisten denuncias de mujeres internadas en hospitales públicos por abortos
inseguros, que sufren maltrato y demora de atención.
Es
por ello que los distintos informes sombra preparados por la sociedad civil
para ser presentados a los organismos de derechos humanos de la ONU han hecho
hincapié en esta incoherencia. Por
otra parte, también han ocurrido en el ámbito nacional persecuciones y amenazas
contra organizaciones que apoyan la despenalización del aborto, en especial
contra la Línea Aborto Chile, y contra organizaciones que participaron en la reciente
Marcha Nacional por el Derecho al Aborto realizada el 25 de julio pasado, la
que convocó a más de 10 mil personas.
La
Articulación Feminista por el Derecho a Decidir, a partir del caso de Belén,
continúa impulsando una campaña de firmas a nivel internacional. ¡¡Difundir y
apoyar!!
Documento Regional: Consenso de Montevideo
En
medio de un panorama complejo en la región, por la presencia y acción de
fundamentalismos religiosos que presionan en los países por frenar avances
legislativos a favor del derecho a decidir, recientemente se aprobó un
importante documente que podrá influir positivamente en temas de salud sexual y
reproductiva en su vínculo estrecho con población y calidad de vida. Se trata
del Consenso de Montevideo, firmado en el marco de la primera Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que aborda
integralmente una serie de temáticas centrales para la vida de las mujeres,
entre ellas el aborto, desde la perspectiva de sus derechos humanos
universales. Para
acceder, siga el siguiente enlace:
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