jueves, septiembre 5

Por el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito

Boletina No. 1, septiembre, 2013. "Mujer, cuerpo, derechos".


El derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito es una demanda histórica de las mujeres chilenas que surge desde principios del siglo 20 y permanece sin respuesta. Entre 1931 y 1989 existió aborto terapéutico, sin embargo, este no reconoció el derecho al aborto, puesto que la decisión de lo que las mujeres podían o no podían hacer frente a un embarazo riesgoso, residía en manos de otros: los médicos. Este limitado acceso al aborto fue derogado en las postrimerías del régimen dictatorial de Pinochet, en arreglo directo entre Jaime Guzmán, el Cdte. Toribio Medina y la jerarquía católica conservadora.

Es por tanto, una materia pendiente del Estado chileno que, a contravía de los avances que ocurren en otras regiones y países, continúa imponiendo dispositivos de control patriarcal sobre el cuerpo, la reproducción y la sexualidad de las mujeres, manteniendo las leyes más castigadoras posibles.

Pero estas leyes no evitan la práctica del aborto. Quienes enfrentan embarazos no deseados o inoportunos abortarán de una u otra forma, más allá de la prohibición. Recordemos que una ley que penaliza el aborto en cualquier circunstancia solo castiga a las mujeres pobres y las más jóvenes, puesto que son ellas quienes pueden ser denunciadas a menudo en los mismos hospitales donde acuden con abortos incompletos, son encarceladas e incluso arriesgan morir en abortos clandestinos. Mientras que quienes tienen recursos acceden a procedimientos seguros y no enfrentan el castigo social, lo que establece un perverso doble estándar.

Esta es la realidad que hoy, como Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, queremos colocar en el debate público con más fuerza que nunca, exigiendo respuestas y acciones concretas. ¿Hasta cuándo se impone sobre las mujeres esta inaceptable dictadura moral, que además transgrede los principios de un Estado laico? Ponemos en juicio la calidad de esta democracia que obliga a las mujeres –la mitad de la población del país– a someterse a las decisiones y posturas morales de otros: sean políticos, jerarcas eclesiásticos, jueces, o profesionales de la salud.

Despenalizar el aborto significa reconocer y validar los principios de libertad, autodeterminación, dignidad y autonomía que tienen las personas todas por su sola condición humana. Significa reconocer los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la reproducción. Contando para ello con la información, los medios y los servicios que así lo permitan, incluyendo servicios de aborto legal y gratuito.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), el aborto realizado en condiciones de riesgo fue declarado como grave problema de salud pública y la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en 1995 recomendó a los Estados revisar sus leyes punitivas. El Estado chileno ha omitido cualquier acción en este sentido. Ha ignorado una serie de recomendaciones que el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU le han planteado, subrayando la urgencia de cambios en la penalización absoluta del aborto en Chile, enfatizando el efecto negativo de las restricciones legales al aborto y su impacto sobre el derecho a la vida y salud de las mujeres. Estos organismos también han recalcando que las denuncias, los maltratos y el encarcelamiento de mujeres por esta causa son formas de violencia y tortura inaceptables.

Por su parte, desde 1991, el congreso chileno se ha negado sistemáticamente a abrir un debate al respecto y no ha tramitado proyectos de ley sobre aborto, silenciando el hecho indesmentible que en el país un total estimado de 120 mil mujeres abortan clandestinamente cada año. Más de 300 cada día.

Esta realidad debe ser confrontada. Las mujeres que abortan no son criminales, ni delincuentes. Solo están ejerciendo, en las condiciones más difíciles y limitadas, su derecho y libertad de decidir.







Seminario abordará realidades y desafíos sobre el aborto en Chile

En coincidencia con el próximo 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se llevará a cabo el Seminario Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Un asunto de derechos humanos, Homenaje a Tegualda Monreal. Tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre próximos, en lugar a confirmar, y es convocado por la Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública, con la participación de diversas Facultades, organizaciones de la sociedad civil, y profesionales del área de la salud. Contará además con participación de destacadas personalidades de América Latina comprometidas con avanzar en el debate sobre la despenalización del aborto en la región.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, está participando activamente en la organización y desarrollo del Seminario, el cual abordará el tema del aborto desde diversos enfoques, incluyendo las experiencias feministas que se están impulsando en la región latinoamericana y caribeña en los últimos años para derogar las leyes que penalizan el aborto y así garantizar el derecho de las mujeres a la autodeterminación sexual y reproductiva. Próximamente se difundirá la convocatoria oficial del evento y el programa a desarrollar, con sesiones plenarias y talleres.

Violencia institucional contra mujeres en ALC

La realidad regional da cuenta de numerosos casos de mujeres y niñas que se ven afectadas por la penalización del aborto. En países como El Salvador, Nicaragua, México, República Dominicana, entre otros, cotidianamente se denuncia persecuciones contra mujeres que han abortado, y se les imponen condenas altísimas. O bien se les niega el aborto incluso en condiciones que su salud está en alto riesgo por la gestación. Por su parte, las organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres sufren también amenazas y amedrentamiento, tal como ha ocurrido recientemente con el Grupo sobre Información en Reproducción Elegida, GIRE, de México.

Chile no es la excepción. El caso de Belén, niña de 11 años violada por el conviviente de su madre, quien como consecuencia de ello quedó embarazada, tuvo un impacto incluso más allá de nuestro país. Considerando la total ilegalidad del aborto, y tomando en cuenta el riesgo evidente de una gestación a esa edad, distintas organizaciones y personas levantaron su voz demandando la interrupción del embarazo, incluyendo personas del ámbito  médico y político. Estas voces se encontraron con un muro de total negación, y el mismo Presidente Piñera aplaudió la supuesta "madurez" de la niña que se habría manifestado deseosa de continuar el embarazo.

Este comentario de Piñera ha merecido total rechazo incluso desde otros países, por cuanto una niña de esta edad difícilmente estará en condiciones de decidir tener sexo, en primer lugar, y menos aún ser madre, sino que más bien da cuenta de una situación de violencia, desprotección y falta de apoyo para resolver su circunstancia.

Más recientemente se denunció en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, a una muchacha que habría acudido a un centro hospitalario para pedir atención de urgencia por un aborto incompleto. Ella habría utilizado medicamentos abortivos y ante la falta de resultados, habría procedido a realizarse maniobras abortivas. Fue denunciada en el hospital y es un caso que probablemente llegue a ser enjuiciado en tribunales. Este hecho demuestra que el Ordinario A15/1675 del Ministerio de Salud, que obliga a la no judicialización y a la confidencialidad de los casos, no se está aplicando y persisten denuncias de mujeres internadas en hospitales públicos por abortos inseguros, que sufren maltrato y demora de atención.

Es por ello que los distintos informes sombra preparados por la sociedad civil para ser presentados a los organismos de derechos humanos de la ONU han hecho hincapié en esta incoherencia.  Por otra parte, también han ocurrido en el ámbito nacional persecuciones y amenazas contra organizaciones que apoyan la despenalización del aborto, en especial contra la Línea Aborto Chile, y contra organizaciones que participaron en la reciente Marcha Nacional por el Derecho al Aborto realizada el 25 de julio pasado, la que convocó a más de 10 mil personas.

La Articulación Feminista por el Derecho a Decidir, a partir del caso de Belén, continúa impulsando una campaña de firmas a nivel internacional. ¡¡Difundir y apoyar!!


Documento Regional: Consenso de Montevideo

En medio de un panorama complejo en la región, por la presencia y acción de fundamentalismos religiosos que presionan en los países por frenar avances legislativos a favor del derecho a decidir, recientemente se aprobó un importante documente que podrá influir positivamente en temas de salud sexual y reproductiva en su vínculo estrecho con población y calidad de vida. Se trata del Consenso de Montevideo, firmado en el marco de la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que aborda integralmente una serie de temáticas centrales para la vida de las mujeres, entre ellas el aborto, desde la perspectiva de sus derechos humanos universales. Para acceder, siga el siguiente enlace:






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