viernes, octubre 18

NO ACEPTAMOS LA DICTADURA MORAL DE LAS JERARQUIAS ECLESIASTICAS. LA DEMOCRACIA ES LAICA O NO ES DEMOCRACIA


Declaración Pública de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD




En abierta interferencia con el Estado Laico, la Conferencia Episcopal de Chile, presidida por el Arzobispo Ezzati, ha solicitado públicamente al Presidente de la República no ratificar  la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia[1] la que busca fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos[2] discriminados. Se arroga así la autoridad moral de ‘aconsejar’, desde su particular óptica valórica, sobre lo que sería bueno o malo para la sociedad chilena diversa, y señala a las autoridades públicas las “innumerables dificultades” que podría acarrear su suscripción.

Menciona cuatro observaciones: la citada Convención sería innecesaria, excedería al derecho chileno vigente, importaría un riesgo directo a la libertad de religión y otras libertades y ampliaría la competencia de la Corte Interamericana  (CIDH) de forma “peligrosa”.

Los acuerdos de los organismos internacionales se adoptan por los Estados allí representados, el Vaticano tiene presencia en ellos, por tanto todos  los Estados tuvieron oportunidad de conocer los argumentos de la Iglesia Católica. Ninguna institución nacional tiene derecho a  interferir en la implementación de acuerdos internacionales a través de gestiones nacionales.

No podemos más que denunciar, rechazar y repudiar este acto de intromisión violento y autoritario.

La tradicional y arcaica oposición de la jerarquía eclesiástica católica respecto de instrumentos internacionales que resguardan los derechos humanos y promueven la igualdad para todas y todos, nos retrotrae a hechos recientes tales como el encubrimiento de esta jerarquía respecto de abusos cometidos por varios sacerdotes a lo largo del país, así como también el silencio y la negligencia del actual arzobispo y del Cardenal Errázuriz respecto de las denuncias de los jóvenes abusados por el cura Karadima.

El Estado de Chile no  puede ni debe  aceptar las presiones de las Iglesias. Como Estado laico, le corresponde asumir sus responsabilidades por el bienestar de su población con absoluto respeto a las libertades y autonomías de cada cual.

No aceptamos esta intromisión, ni olvidamos el hecho que desde 1925 se consagró en Chile la separación iglesia y Estado, y se estableció la no intromisión de la iglesia en asuntos públicos, además de garantizar la libertad de culto.

No aceptamos que se pase por encima del  trabajo que las organizaciones  feministas realizamos en la defensoría de los derechos humanos de las mujeres, haciendo aportes, vigilancia y seguimiento en estas materias. Las Convenciones son instrumentos internacionales de protección y garantías que requieren tanto o mayor respeto que las legislaciones nacionales, ya que han emanado de compromisos de la comunidad global. Los países firmantes acuerdan dar cumplimiento a las mismas, comprometiéndose a dar coherencias al ordenamiento legal  y  dichas convenciones. ¿Eso es lo que teme, precisamente, esta jerarquía?

También por su directa presión el Estado chileno se ha negado a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las  Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que permitiría una mayor diligencia en las denuncias de quienes se sienten afectadas en sus derechos. En su último exámen[3] el Comité de la CEDAW instó al Estado Chileno a avanzar en su ratificación y responder así a las demandas de la sociedad civil organizada y de las organizaciones de mujeres en particular.  Esto no ha ocurrido, y Chile continúa en un vergonzoso rezago frente a la comunidad internacional.

Una vez más la jerarquía eclesiástica chilena pretende decidir por el País, ejercer el tutelaje e imponer sus mandatos.

Por todo ello, llamamos a denunciar  a los grupos fácticos de poder que se atribuyen el derecho de influir sobre la política pública y sobre la moral social desde un enfoque dogmático e inquisitorial. Exigimos al gobierno informar sobre los órganos internacionales de tratados y dar cumplimiento a los compromisos internacionales  contraídos.

Instamos a respetar la libertad de decidir de todas las personas, independiente al sexo, orientación sexual, identidad de género, raza/etnia, religión, lugar de origen, edad, situación socioeconómica, o cualquier otra condición.


¡BASTA DE INTOLERANCIA, BASTA DE IMPUNIDAD!
¡ESTADOS LAICOS, PERSONAS LIBRES!






[1] Levantada en la 43° Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), junio de 2013.
[2] Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013) Introducción: LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN párrafo tercero.
[3] 53° Reunión de la CEDAW, 1 y 2 de octubre de 2012, Ginebra, Suiza.

1 comentario:

  1. Invito a leer este artículo que indica cómo se sería posible establecer el aborto en Chile desde una perspectiva de derecho constitucional, atendido criterios de moralidad, y atendido a cómo se trata a nivel doctrinario en el extranjero.

    http://entropialimite.blogspot.com/2011/06/caso-hipotetico-legalizacion.html

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