En abierta interferencia
con el Estado Laico, la Conferencia Episcopal de Chile, presidida por el
Arzobispo Ezzati, ha solicitado públicamente al Presidente de la República no
ratificar la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e
Intolerancia[1]
la que busca fomentar y estimular el respeto y la observancia de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y
grupos[2]
discriminados. Se arroga así la
autoridad moral de ‘aconsejar’, desde su particular óptica valórica, sobre lo
que sería bueno o malo para la sociedad chilena diversa, y señala a las
autoridades públicas las “innumerables
dificultades” que podría acarrear su suscripción.
Menciona cuatro observaciones:
la citada Convención sería innecesaria, excedería al derecho chileno vigente, importaría
un riesgo directo a la libertad de religión y otras libertades y ampliaría la
competencia de la Corte Interamericana
(CIDH) de forma “peligrosa”.
Los acuerdos de los organismos internacionales se
adoptan por los Estados allí representados, el Vaticano tiene presencia en
ellos, por tanto todos los Estados tuvieron oportunidad de conocer los
argumentos de la Iglesia Católica. Ninguna institución nacional tiene derecho
a interferir en la implementación de acuerdos internacionales
a través de gestiones nacionales.
No podemos más
que denunciar, rechazar y repudiar este acto de intromisión violento y
autoritario.
La tradicional y
arcaica oposición de la jerarquía eclesiástica católica respecto de
instrumentos internacionales que resguardan los derechos humanos y promueven la
igualdad para todas y todos, nos retrotrae a hechos recientes tales como el
encubrimiento de esta jerarquía respecto de abusos cometidos por varios
sacerdotes a lo largo del país, así como también el silencio y la negligencia
del actual arzobispo y del Cardenal Errázuriz respecto de las denuncias de los
jóvenes abusados por el cura Karadima.
El Estado de Chile
no puede ni debe aceptar las presiones de las Iglesias. Como Estado laico, le corresponde asumir sus
responsabilidades por el bienestar de su población con absoluto respeto a las
libertades y autonomías de cada cual.
No aceptamos
esta intromisión, ni olvidamos el hecho que desde 1925 se consagró en Chile la
separación iglesia y Estado, y se estableció la no intromisión de la iglesia en
asuntos públicos, además de garantizar la libertad de culto.
No aceptamos que
se pase por encima del trabajo que
las organizaciones feministas
realizamos en la defensoría de los derechos humanos de las mujeres, haciendo
aportes, vigilancia y seguimiento en estas materias. Las Convenciones son
instrumentos internacionales de protección y garantías que requieren tanto o
mayor respeto que las legislaciones nacionales, ya que han emanado de compromisos
de la comunidad global. Los países firmantes acuerdan dar cumplimiento a las
mismas, comprometiéndose a dar coherencias al ordenamiento legal y
dichas convenciones. ¿Eso es lo que teme, precisamente, esta jerarquía?
También por su directa presión el Estado chileno se ha negado a
ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, CEDAW, que permitiría una mayor diligencia en las denuncias de
quienes se sienten afectadas en sus derechos. En su último exámen[3]
el Comité de la CEDAW instó al Estado Chileno a avanzar en su ratificación y
responder así a las demandas de la sociedad civil organizada y de las
organizaciones de mujeres en particular. Esto no ha ocurrido, y Chile continúa en un vergonzoso rezago
frente a la comunidad internacional.
Una vez más la
jerarquía eclesiástica chilena pretende decidir por el País, ejercer el
tutelaje e imponer sus mandatos.
Por todo ello, llamamos a denunciar a los grupos fácticos de poder que se
atribuyen el derecho de influir sobre la política pública y sobre la moral
social desde un enfoque dogmático e inquisitorial. Exigimos al gobierno
informar sobre los órganos internacionales de tratados y dar cumplimiento a los
compromisos internacionales
contraídos.
Instamos a
respetar la libertad de decidir de todas las personas, independiente al sexo,
orientación sexual, identidad de género, raza/etnia, religión, lugar de origen,
edad, situación socioeconómica, o cualquier otra condición.
¡BASTA DE INTOLERANCIA, BASTA DE IMPUNIDAD!
¡ESTADOS LAICOS, PERSONAS LIBRES!
[1] Levantada en la 43° Asamblea de la
Organización de Estados Americanos (OEA), junio de 2013.
[2] Convención Interamericana Contra Toda Forma
de Discriminación e Intolerancia (2013) Introducción: LOS ESTADOS PARTES DE LA
PRESENTE CONVENCIÓN párrafo tercero.
[3] 53° Reunión de la CEDAW, 1 y 2 de octubre
de 2012, Ginebra, Suiza.
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