Las urgente demandas de Aborto Legal, Seguro, Gratuito en América Latina y el Caribe

Boletina Mujer, Cuerpo, Derechos. No. 2, octubre 2013.

En América Latina y el Caribe la lucha por la despenalización del aborto tiene características singulares. Si bien la región muestra algunos avances en materia de jurisprudencia (tal es el caso de Uruguay y del Distrito Federal en México, donde el aborto está despenalizado en el primer trimestre del embarazo), se comienza a abrir el debate público sobre el tema y las encuestas de opinión revelan un creciente apoyo ciudadano hacia la revisión de leyes punitivas, en lo general los derechos de las mujeres a la maternidad voluntaria se siguen negando en los centros de poder.

Esto es una muestra clara de la interferencia de sectores conservadores ligados principalmente a la Iglesia Católica los cuales, con total desprecio del Estado Laico, imponen su ideología e intervienen en la política pública y en la formulación de leyes. Y así negocian directamente con los tomadores de decisión, exigiendo que se mantenga la penalización total del aborto, mientras colocan obstáculos para el acceso a métodos anticonceptivos, en especial la píldora del día después, y a la educación sexual integral. Es decir, cierran todas las puertas al ejercicio de derechos en el ámbito reproductivo y sexual, imponiendo restricciones a partir de una dictadura moral única.

Se ha llegado al caso extremo de que los mismos gobernantes son quienes lideran y se oponen públicamente a cualquier cambio legislativo, como es el caso del Presidente Correa de Ecuador, que con su histrionismo acostumbrado amenazó recientemente con renunciar a su cargo si se despenalizaba el aborto en caso de violación. O Daniel Ortega, en Nicaragua, quien en directa connivencia con la jerarquía católica impulsó hace unos años la derogación del aborto terapéutico, vigente durante décadas en dicho país.

En otros países, como es el caso de Chile, el parlamento se niega sistemáticamente a discutir siquiera los proyectos de ley que han buscado modificar la total penalización. Mientras que en Argentina, a pesar de un amplio apoyo ciudadano a leyes que despenalicen la práctica, se sigue postergando el debate parlamentario. Situaciones similares ocurren en Brasil y República Dominicana, donde la interferencia de sectores religiosos es evidente.

En la región hay cinco países con penalización absoluta del aborto: El Salvador Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Chile. Mientras que Cuba, Puerto Rico, Guyana, Barbados, el Distrito Federal en México, y Uruguay son los únicos países o zonas que aprueban la interrupción voluntaria del embarazo. Paralelamente, en los países donde existen algunas causales de aborto impune, esto no significa que la ley se cumpla, ya sea por falta de reglamentación y/o por el mal uso de la objeción de conciencia por parte de los proveedores.

A pesar de las leyes punitivas, cada año se contabilizan, según la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 4.2 millones de abortos inducidos en la región, en su amplia mayoría clandestinos, y las complicaciones de estos procedimientos siguen siendo causa principal de morbilidad y mortalidad materna. El 95% de estos abortos corresponde a procedimientos inseguros, es decir, realizados por personas sin las habilidades necesarias, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos, o ambos. Anualmente, los abortos inseguros son la causa de un 12% de las muertes maternas y de un millón de hospitalizaciones de mujeres latinoamericanas.

En Chile, por la subnotificación propia de la ilegalidad, no existen cifras oficiales, pero se estima que se realizan cada año un total aproximado de 120 mil abortos, todos clandestinos, es decir, más de 300 diarios. Esto significa que es uno de los países con mayor tasa de abortos inducidos, demostrando que las mujeres no están contando con los medios e información necesarios para evitar embarazos que no desean o que son inoportunos. Se observa, además, que persiste la delación en los hospitales públicos que reciben casos de abortos complicados, así como también el maltrato del personal y el retardo de la atención, aunque existe un reglamento del propio Ministerio de Salud que dictamina el necesario resguardo de la confidencialidad. Pese a ello, los y las candidatas que compiten en las elecciones presidenciales y parlamentarias a realizarse en noviembre próximo, salvo pocas excepciones, han evitado abordar esta realidad social, dejando una vez más sin respuesta una demanda histórica de las mujeres en Chile. 

Hasta ahora las observaciones y recomendaciones formuladas al Estado de Chile, tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Comité CEDAW en orden a modificar la ley punitiva sobre el aborto y garantizar la confidencialidad de la atención médica, han sido ignoradas por las autoridades. Y aunque la mayoría de los casos de aborto no llega a conocimiento del sistema judicial, todavía algunas mujeres -las más pobres-, eventualmente pueden ser enjuiciadas y encarceladas por aborto en el país.

El aborto legal, seguro y gratuito es una exigencia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Es un reconocimiento de la capacidad de las mujeres todas para resolver sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre su maternidad en total libertad, dignidad y autonomía, sin discriminación de ningún tipo. La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, como Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto enAmérica Latina y el Caribe y como colectiva históricamente comprometida con las luchas sociales de las mujeres en Chile, continuará sus esfuerzos en los diversos ámbitos para generar estrategias de cambio.

Recientemente formó parte de la organización del Seminario LatinoamericanoAborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito, impulsado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, al que asistieron representantes de distintos sectores del país y de la región. Paralelamente continuará profundizando discusiones e intercambios con otras organizaciones sociales en el país que permitan enfrentar esta compleja realidad, a través de alianzas significativas. Efectivamente, en un contexto nacional, regional y mundial en el que los movimientos sociales se levantan cada día con mayor fuerzas en contra modelos opresivos y excluyentes, es indispensable lograr que la demanda del aborto legal y seguro llegue a ser una exigencia compartida por todos los sectores, desde un enfoque de derechos, libertades y ciudadanía de las mujeres.  El aborto clandestino, las persecuciones contra mujeres que abortan, la morbilidad y mortalidad subsecuente, no es un problema de mujeres, es de toda la sociedad.

Por otra parte, en momentos en que se realizan importantes reuniones a alto nivel como la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y el Foro de Organizaciones feministas paralelo,  es urgente que sus recomendaciones y conclusiones  se sumen al reciente Consenso de Montevideo, aprobado en la Primera Conferencia Regional de Población. En este documento trascendental se dio un paso adelante en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción. Por lo tanto, debemos exigir a nuestros gobiernos que actúen en consonancia con lo allí establecido:


42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo  para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y  disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de  calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y  garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida; 

44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia;...