La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD, ha venido sosteniendo el aborto libre seguro
y gratuito como una libertad fundamental de las mujeres en el marco de los
derechos humanos y se hace parte del debate puntualizando los siguientes aspectos.
1. La gran mayoría de
los abortos que ocurren en el país obedecen a diversas causas económicas,
sociales y subjetivas; solo un número muy limitado se debe a embarazos que
implican peligro de vida para la mujer, inviabilidad post parto del feto, o que
son producto de violación. Países con estadísticas en la materia informan
cifras inferiores al 10%. Por
consiguiente, la propuesta del gobierno aborda la casuística excepcional y no responde
al problema real que representa el aborto en el país, esto es, una vulneración
de derechos humanos y libertades de las mujeres.
2. Todo embarazo no
deseado violenta los cuerpos y la emocionalidad de las mujeres impactando su
bienestar físico, mental y social en sentido amplio. La libertad de decidir
la interrupción de los embarazos no deseados es, primordialmente, una cuestión
de derechos humanos, en especial derechos sexuales y reproductivos, pero
también, del derecho a la salud, del derecho a vivir sin violencia y del
derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
3. Aunque en Chile
todos los abortos se realizan de manera clandestina, el acceso a la
interrupción del embarazo está determinado también por la condición social
de las mujeres. Quienes disponen de recursos económicos pueden acceder a
aborto médico o por aspiración, con seguimiento profesional. Las mujeres pobres
abortan además en condiciones inseguras, en su mayoría sin apoyo profesional. Son ellas las que corren el riesgo de ser delatadas y
encarceladas cuando demandan
atención en los servicios de salud públicos por complicaciones que hacen peligrar sus vidas.
4. Los argumentos condenatorios
de los sectores conservadores de dentro de la Nueva Mayoría y de la derecha
tradicional, cuestionan la autonomía de las mujeres y su capacidad para decidir
sobre sus vidas, objetando de facto su calidad de sujetas de derechos,
imponiéndoles la obligación de ser madres y desentendiéndose de los acuerdos
del 99% de la población mundial en materia de derechos humanos. No olvidemos
que sólo el 1% de la población mundial comparte legislaciones punitivas como
son las de Chile, Vaticano y Malta.
5. Habitualmente, en el debate se considera que las voces autorizadas son las
del Parlamento, profesionales de la salud y del derecho, así como las de jerarquías
eclesiásticas. La voz de las mujeres está ausente, cuando lo que está en
discusión tiene que ver con sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción, sus
derechos, sus libertades, su futuro. Sus vidas están intervenidas desde el Estado y la sociedad.
6. Una sociedad con el
nivel de exclusión y desigualdad como la chilena, con un Estado que no
garantiza la libertad de decidir, la protección del derecho de las mujeres a
una maternidad voluntaria, a una vida libre de violencia y tortura, así como el
derecho a la salud y al acceso universal a servicios de anticoncepción, si de
verdad aspira a equipararse con los países más avanzados, requiere abrir el
debate sobre el aborto más allá de las causales médicas, erradicar la cultura
patriarcal y dar paso a una democracia efectivamente inclusiva, con igualdad de
derechos y libertades entre mujeres y hombres.
¡Libertad de decidir!
¡Aborto ilegal, violencia estatal!
Junio 2014
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD
Punto Focal Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe