Declaración Pública del Encuentro de Países Latinoamericanos y Caribeños con Leyes Restrictivas en Aborto

Las feministas y defensoras de derechos humanos reunidas en el Encuentro de Países de Latinoamérica y el Caribe con Leyes Totalmente Restrictivas en materia de Aborto, realizado en Suchitoto, El Salvador, del 30 de marzo al 1 de abril de 2014, denunciamos la violencia estatal que viven millones de mujeres pobres, niñas, adolescentes y jóvenes por la negación del derecho a acceder al aborto legal y seguro.

Mientras en la mayoría de los países del mundo se amplía el acceso de las mujeres a sus derechos, nuestros países van en retroceso, con leyes restrictivas que implican una serie de violaciones a los derechos humanos.

Reivindicamos el  aborto libre, legal, seguro y gratuito como un derecho a la autonomía, a la salud, a la justicia, a una vida libre de violencias, que debe ser garantizado por el Estado con leyes  en sintonía con los convenios internacionales.

Condenamos la criminalización y persecución que, en los últimos 14 años, han vivido 129 mujeres en El Salvador tras haber sido juzgadas, procesadas y condenadas por el delito de homicidio a pesar de haber sufrido abortos espontáneos, complicaciones obstétricas, falta de información y de atención médica durante el embarazo. Enfrentándose a condenas desproporcionadas basadas en prejuicios de género, fundamentalismo religioso y misoginia de funcionarios y funcionarias del Estado.

Reprochamos que en Honduras desde el año 2009 se prohíba la venta, distribución, comercialización e información sobre anticoncepción de emergencia por considerarla erróneamente como abortiva, teniendo graves consecuencias como el aumento de los embarazos no deseados, no planificados y la falta de una atención integral para las víctimas de violencia sexual.

Como consecuencia de estas legislaciones restrictivas, numerosas mujeres, en particular niñas, adolescentes y jóvenes,  son obligadas a llevar a término embarazos que ponen en riesgo su vida y su salud, que son producto de violación o incesto, e incluso cuando el producto del embarazo es inviable a la vida extrauterina, como sucedió en el caso de Beatriz en El Salvador, Belén en Chile, Rosita en Nicaragua, Esperancita en República Dominicana, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Después de habernos reunido en Suchitoto en el Encuentro de Países con Leyes totalmente Restrictivas en materia de Aborto, jóvenes y mujeres feministas de Honduras, Nicaragua, Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, México y Colombia, exigimos:

1   Que el Estado salvadoreño otorgue el indulto que permita que 17 mujeres recuperen su derecho a la libertad y que puedan continuar con sus proyectos de vida.

2   Que el Estado hondureño apruebe el Proyecto de Decreto que posibilita el acceso a la Anticoncepción de Emergencia sin discriminación alguna.

3   Que los Estados de América Latina y El Caribe que tienen leyes completamente restrictivas incluyan en sus legislaciones al menos la despenalización del aborto en casos de violación sexual, incesto, riesgo para la salud de la mujer y cuando el producto del embarazo es inviable a la vida extrauterina.

4  Que los Estados de América Latina y El Caribe consideren que la penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres y constituye un incumplimiento a los tratados y convenios internacionales.

5  Que los Estados se comprometan a garantizar condiciones de seguridad y protección integral para las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que luchan por cautelar derechos en contextos altamente misóginos, conservadores y fundamentalistas.

Nota: Asistieron representantes de República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Chile y El Salvador, con leyes totalmente restrictivas, además de Colombia y México.  

La Articulación Feminista por la Libertad de decidir, AFLD, de Chile, como Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, ha estado comprometida históricamente con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en especial sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y su derecho a decidir en libertad. 

En esta calidad, se hizo parte de este Encuentro regional para aportar a las discusiones y diseño de estrategias en un tema que nos convoca urgentemente, dada la permanencia de leyes restrictivas y castigadoras que siguen colocando a las mujeres en calidad de interdictas, sujetas a decisiones de otros (el Estado, las iglesias, y otros actores sociales). 

Reconociendo la diversidad de situaciones en nuestros países, la AFLD sigue sosteniendo su demanda máxima frente al Estado chileno, esto es, "Aborto legal, libre, seguro y gratuito", en la certeza de que son solo las mujeres, en su calidad de sujetas morales con capacidad de autodeterminación, quienes tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción, libres de coerción o violencia.

¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Carta abierta a Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España

En apoyo con las luchas de las mujeres en España, la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir hizo entrega de una carta pública en la Embajada de España en Chile

Porque decidir nos hace libres:
Carta abierta al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy

Señor Presidente,

Las mujeres chilenas firmantes de esta carta manifestamos nuestro estupor y rechazo frente a la reforma estructural de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva –aprobada por la anterior administración en el año 2010–que impulsa su gobierno desde el Consejo de Ministros, con el propósito de recortar el acceso al aborto y, en consecuencia, el derecho de las mujeres para decidir su maternidad libremente, sin criminalización.

Nadie puede desconocer los exitosos resultados de la Ley vigente en la calidad de vida de las mujeres españolas, una de cuyas evidencias más sólidas ha sido la reducción del número de abortos en casi 5.900 casos entre los años 2011 y 2012. Por consiguiente, la situación actual no amerita la reforma propuesta por su gobierno, que a todas luces es contradictoria con los logros alcanzados e implica una agresión en materia de derechos humanos y de salud pública, con exclusiva base ideológica fundamentalista. La aprobación de este retroceso legal vulnerará la libertad consagrada de elegir ser madre y naturalizará la violencia estatal contra las mujeres.

En Chile vivimos un trance similar, cuando en las postrimerías de la dictadura, Pinochet ilegalizó el aborto que se guiaba por un modelo de supuestos, y que había permanecido sin cuestionamiento alguno por medio siglo a través de gobiernos de todos los signos, con impacto favorable en materia de salud pública y empoderamiento de las mujeres.

Solidarizamos con las mujeres españolas ante el peligro de modificación de la actual ley de plazos que las retrotraerá a épocas pasadas, cuando debían viajar a Inglaterra para ejercer su derecho a decidir en libertad. Denunciamos esta acción discriminatoria emprendida por su gobierno, como un feroz atentado al derecho a la igualdad de mujeres y hombres, que viola los compromisos de la comunidad internacional y que aleja a la legislación española de las del resto de los países de la Unión Europea y de toda Europa, ubicándola entre las más atrasadas, en consonancia con el siglo pasado.

Nos unimos al Tren de la Libertad y a las diversas manifestaciones que han emprendido las mujeres de su país, para que prevalezcan la cordura, la justicia y la libertad de decidir.

¡¡¡PORQUE DECIDIR NOS HACE LIBRES, ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!!!

Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD

Comité de Servicio Chileno, COSECH

Fundación Instituto de la Mujer

Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH

Mujeres por la Asamblea Konstituyente, MAK

Observatorio de Equidad de Género en Salud, OEGS

Centro de Estudios de la Mujer, CEM

Colectivo Conspirando
Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe-Chile

Santiago de Chile, 28 de enero de 2014

NEGACION DEL ABORTO Y MALTRATO A MUJERES QUE ABORTAN ES VIOLENCIA Y TORTURA ESTATAL

En el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, como Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD, denunciamos que la penalización del aborto, así como la delación, maltrato y encarcelamiento de las mujeres que abortan es un ejemplo dramático de la violencia machista que persiste en nuestro país. Es un problema de derechos humanos, de desigualdad social y de salud pública. 

Las leyes que prohíben el aborto constituyen una injerencia indebida del Estado sobre la vida, la libertad y el cuerpo de las mujeres; violan su derecho a no ser sometidas a tratos inhumanos y degradantes; e impiden el goce de su salud integral, en especial su salud sexual y reproductiva.

Rechazamos la grave negligencia del Estado chileno al no dar cumplimiento a recomendaciones que le han reiterado los organismos de DD.HH. de Naciones Unidas en cuanto a revisar sus leyes, políticas y prácticas sobre el aborto, las que afectan con especial fuerza a las mujeres más pobres y adolescentes e incluso niñas, en tanto carecen de medios, recursos e información para decidir ante un embarazo no deseado.

En esta fecha emblemática, y con ocasión de la presentación del Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, defendimos públicamente el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito como reivindicación histórica del movimiento de mujeres y feminista en Chile. Dicho documento hizo énfasis sobre la permanencia de formas de tortura que deben ser erradicadas en el país, sin embargo, no aludió al maltrato contra mujeres que abortan como expresión de tortura y apremio ilegítimos. Y enarbolamos el lienzo “Aborto ilegal, Violencia estatal”, mientras el Presidente de la República, Sebastián Piñera, aludía a supuestos logros de su gobierno en materia de derechos humanos.

Nos preguntamos, entonces, con qué medida se valoran los derechos de las mujeres en Chile, si continúan siendo forzadas a maternidades que no desean ni han elegido, o son empujadas a procedimientos clandestinos que colocan en riesgo sus vidas y su salud, y sufren la condena social e incluso penal. 

En las últimas décadas, los distintos gobiernos se han negado a reconocer la necesidad urgente de reformar las leyes que penalizan el aborto, y los legisladores han hecho caso omiso de su deber ineludible de debatir propuestas legislativas en el tema. Los movimientos sociales, por su parte, no han acompañado esta demanda central de las mujeres con la fuerza y compromiso necesarios. Hoy demandamos su apoyo decidido y concreto, en defensa de la vida, la libertad y la ciudadanía de las mujeres.

¡¡Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, ahora!!

Las urgente demandas de Aborto Legal, Seguro, Gratuito en América Latina y el Caribe

Boletina Mujer, Cuerpo, Derechos. No. 2, octubre 2013.

En América Latina y el Caribe la lucha por la despenalización del aborto tiene características singulares. Si bien la región muestra algunos avances en materia de jurisprudencia (tal es el caso de Uruguay y del Distrito Federal en México, donde el aborto está despenalizado en el primer trimestre del embarazo), se comienza a abrir el debate público sobre el tema y las encuestas de opinión revelan un creciente apoyo ciudadano hacia la revisión de leyes punitivas, en lo general los derechos de las mujeres a la maternidad voluntaria se siguen negando en los centros de poder.

Esto es una muestra clara de la interferencia de sectores conservadores ligados principalmente a la Iglesia Católica los cuales, con total desprecio del Estado Laico, imponen su ideología e intervienen en la política pública y en la formulación de leyes. Y así negocian directamente con los tomadores de decisión, exigiendo que se mantenga la penalización total del aborto, mientras colocan obstáculos para el acceso a métodos anticonceptivos, en especial la píldora del día después, y a la educación sexual integral. Es decir, cierran todas las puertas al ejercicio de derechos en el ámbito reproductivo y sexual, imponiendo restricciones a partir de una dictadura moral única.

Se ha llegado al caso extremo de que los mismos gobernantes son quienes lideran y se oponen públicamente a cualquier cambio legislativo, como es el caso del Presidente Correa de Ecuador, que con su histrionismo acostumbrado amenazó recientemente con renunciar a su cargo si se despenalizaba el aborto en caso de violación. O Daniel Ortega, en Nicaragua, quien en directa connivencia con la jerarquía católica impulsó hace unos años la derogación del aborto terapéutico, vigente durante décadas en dicho país.

En otros países, como es el caso de Chile, el parlamento se niega sistemáticamente a discutir siquiera los proyectos de ley que han buscado modificar la total penalización. Mientras que en Argentina, a pesar de un amplio apoyo ciudadano a leyes que despenalicen la práctica, se sigue postergando el debate parlamentario. Situaciones similares ocurren en Brasil y República Dominicana, donde la interferencia de sectores religiosos es evidente.

En la región hay cinco países con penalización absoluta del aborto: El Salvador Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Chile. Mientras que Cuba, Puerto Rico, Guyana, Barbados, el Distrito Federal en México, y Uruguay son los únicos países o zonas que aprueban la interrupción voluntaria del embarazo. Paralelamente, en los países donde existen algunas causales de aborto impune, esto no significa que la ley se cumpla, ya sea por falta de reglamentación y/o por el mal uso de la objeción de conciencia por parte de los proveedores.

A pesar de las leyes punitivas, cada año se contabilizan, según la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 4.2 millones de abortos inducidos en la región, en su amplia mayoría clandestinos, y las complicaciones de estos procedimientos siguen siendo causa principal de morbilidad y mortalidad materna. El 95% de estos abortos corresponde a procedimientos inseguros, es decir, realizados por personas sin las habilidades necesarias, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos, o ambos. Anualmente, los abortos inseguros son la causa de un 12% de las muertes maternas y de un millón de hospitalizaciones de mujeres latinoamericanas.

En Chile, por la subnotificación propia de la ilegalidad, no existen cifras oficiales, pero se estima que se realizan cada año un total aproximado de 120 mil abortos, todos clandestinos, es decir, más de 300 diarios. Esto significa que es uno de los países con mayor tasa de abortos inducidos, demostrando que las mujeres no están contando con los medios e información necesarios para evitar embarazos que no desean o que son inoportunos. Se observa, además, que persiste la delación en los hospitales públicos que reciben casos de abortos complicados, así como también el maltrato del personal y el retardo de la atención, aunque existe un reglamento del propio Ministerio de Salud que dictamina el necesario resguardo de la confidencialidad. Pese a ello, los y las candidatas que compiten en las elecciones presidenciales y parlamentarias a realizarse en noviembre próximo, salvo pocas excepciones, han evitado abordar esta realidad social, dejando una vez más sin respuesta una demanda histórica de las mujeres en Chile. 

Hasta ahora las observaciones y recomendaciones formuladas al Estado de Chile, tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Comité CEDAW en orden a modificar la ley punitiva sobre el aborto y garantizar la confidencialidad de la atención médica, han sido ignoradas por las autoridades. Y aunque la mayoría de los casos de aborto no llega a conocimiento del sistema judicial, todavía algunas mujeres -las más pobres-, eventualmente pueden ser enjuiciadas y encarceladas por aborto en el país.

El aborto legal, seguro y gratuito es una exigencia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Es un reconocimiento de la capacidad de las mujeres todas para resolver sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre su maternidad en total libertad, dignidad y autonomía, sin discriminación de ningún tipo. La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, como Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto enAmérica Latina y el Caribe y como colectiva históricamente comprometida con las luchas sociales de las mujeres en Chile, continuará sus esfuerzos en los diversos ámbitos para generar estrategias de cambio.

Recientemente formó parte de la organización del Seminario LatinoamericanoAborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito, impulsado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, al que asistieron representantes de distintos sectores del país y de la región. Paralelamente continuará profundizando discusiones e intercambios con otras organizaciones sociales en el país que permitan enfrentar esta compleja realidad, a través de alianzas significativas. Efectivamente, en un contexto nacional, regional y mundial en el que los movimientos sociales se levantan cada día con mayor fuerzas en contra modelos opresivos y excluyentes, es indispensable lograr que la demanda del aborto legal y seguro llegue a ser una exigencia compartida por todos los sectores, desde un enfoque de derechos, libertades y ciudadanía de las mujeres.  El aborto clandestino, las persecuciones contra mujeres que abortan, la morbilidad y mortalidad subsecuente, no es un problema de mujeres, es de toda la sociedad.

Por otra parte, en momentos en que se realizan importantes reuniones a alto nivel como la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y el Foro de Organizaciones feministas paralelo,  es urgente que sus recomendaciones y conclusiones  se sumen al reciente Consenso de Montevideo, aprobado en la Primera Conferencia Regional de Población. En este documento trascendental se dio un paso adelante en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción. Por lo tanto, debemos exigir a nuestros gobiernos que actúen en consonancia con lo allí establecido:


42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo  para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y  disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de  calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y  garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida; 

44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia;...

CONVOCATORIA SEMINARIO LATINOAMERICANO “ABORTO LEGAL, LIBRE, SEGURO Y GRATUITO. UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS”

Todos los días, millones de mujeres en el mundo se ven enfrentadas a embarazos no deseados. Según estimaciones del Instituto Guttmacher, en el año 2008 se produjeron 43,8 millones de abortos inducidos en todo el mundo, un 10% en América Latina. El 95% de los abortos realizados en la Región corresponde a abortos inseguros, es decir, realizados por personas carentes de las habilidades necesarias, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos, o ambos. Anualmente, los abortos inseguros son la causa de un 12% de las muertes maternas y de un millón de hospitalizaciones de mujeres latinoamericanas.

Chile es uno de los pocos países en el mundo en el que el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, medida que instaló la dictadura militar en su último año en el poder. Sin embargo, se estima que anualmente se realizan entre 120 mil a 160 mil abortos al año. La gran mayoría de estos abortos son inseguros, lo que afecta particularmente a las mujeres pobres, que ponen en riesgo su vida y su salud, y arriesgan ser denunciadas y procesadas por la justicia en un contexto de penalización. Esto contrasta con la situación de las mujeres que tienen los medios para recurrir a abortos seguros, y que no sufren ninguna consecuencia en su vida, su salud o su situación legal. Por eso, la problemática del aborto inducido en Chile corresponde al aborto inseguro, en tanto problema de salud pública y expresión de la inequidad de género y la desigualdad social.

Frente a esta realidad, la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G., conjuntamente con "Feministas por el Aborto Seguro”, la “Articulación Feminista por la Libertad de Decidir”, y la participación de “Corporación Humanas”, “Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirkwood” de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, “Marcha Mundial de Mujeres”, “Multiversos”, el “Observatorio de Equidad de Género en Salud” y “Línea Aborto”, convocan al Seminario Internacional “Aborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito. Un asunto de Derechos Humanos”.

Como Universidad, esperamos abrir un espacio de debate y reflexión respecto de la necesidad de avanzar en Chile hacia la legalización del aborto, de manera tal que se establezca un acceso libre y gratuito, en concordancia con las recomendaciones del reciente "Consenso de Montevideo" que tuvo lugar en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, y la legislación internacional en materia de derechos humanos. En particular, con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento ratificado por el Estado de Chile en 1989.

El Seminario se realizará el 26 y 27 de septiembre, de 9:00 a 18:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina Sede Occidente (Las Palmeras 299 -Parque Quinta Normal).

Inscripciones al Seminario: lpacheco@med.uchile.cl

Seminario Latinoamericano: “Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Homenaje a Tegualda Monreal”

En vísperas de una nueva conmemoración del 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD (Punto Focal de la Campaña Regional 28 de Septiembre), junto con la Escuela de Salud Pública "Dr. Salvador Allende G.", de la Universidad de Chile, y diversas organizaciones de mujeres y feministas, invitan al Seminario Latinoamericano: “Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Homenaje a Tegualda Monreal”. 

En este espacio se abordará, desde distintas miradas, la situación y desafíos sobre el aborto en Chile y en otros contextos nacionales, y se realizará los días 26 y 27 de septiembre de 2013 en el Aula Magna, Sede Occidente, Facultad de Medicina de dicha Universidad (Las Palmeras 299, Interior Quinta Normal, Metro Estación Quinta Normal).

Como bien sabemos, en nuestro país se penaliza toda interrupción del embarazo. Incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando ha sido violada, cuando el feto tiene anomalías gravísimas incompatibles con la vida extrauterina, cuando la mujer enfrenta graves problemas familiares y sociales, o en cualquier otra circunstancia.

A pesar de estas restricciones, todos los años abortan ilegalmente en Chile cerca de 120 mil mujeres de distintas edades, estado civil, creencia religiosa, etnia y condición social. Mientras que quienes tienen recursos abortan en clínicas seguras que disfrazan el procedimiento bajo otros diagnósticos, las mujeres pobres abortan con practicantes inexpertos arriesgando sus vidas, y muchas veces son denunciadas y maltratadas por el personal médico que las atiende por abortos complicados, e incluso son encarceladas.

El Estado chileno debe hacerse cargo de esta realidad. El Parlamento  debe dar respuestas concretas y sin dilaciones desde el ámbito legislativo. Y la sociedad en su conjunto debe debatir sin censuras una problemática que impacta no solo la vida de las mujeres sino de la comunidad toda. La autodeterminación reproductiva es parte del ejercicio de ciudadanía, impedirla es negar esta ciudadanía a las mujeres. El aborto clandestino es un problema de salud pública, de desigualdad e inequidad, de violación de derechos humanos y de injusticia social que nos interpela.

Se hace urgente y necesario  desafiar este contexto adverso, ampliar los abordajes y compartir experiencias de acción desde la sociedad civil. Es por ello que esperamos contar con su importante participación en este diálogo inclusivo. 

Saludos cordiales.

Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

Por el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito

Boletina No. 1, septiembre, 2013. "Mujer, cuerpo, derechos".


El derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito es una demanda histórica de las mujeres chilenas que surge desde principios del siglo 20 y permanece sin respuesta. Entre 1931 y 1989 existió aborto terapéutico, sin embargo, este no reconoció el derecho al aborto, puesto que la decisión de lo que las mujeres podían o no podían hacer frente a un embarazo riesgoso, residía en manos de otros: los médicos. Este limitado acceso al aborto fue derogado en las postrimerías del régimen dictatorial de Pinochet, en arreglo directo entre Jaime Guzmán, el Cdte. Toribio Medina y la jerarquía católica conservadora.

Es por tanto, una materia pendiente del Estado chileno que, a contravía de los avances que ocurren en otras regiones y países, continúa imponiendo dispositivos de control patriarcal sobre el cuerpo, la reproducción y la sexualidad de las mujeres, manteniendo las leyes más castigadoras posibles.

Pero estas leyes no evitan la práctica del aborto. Quienes enfrentan embarazos no deseados o inoportunos abortarán de una u otra forma, más allá de la prohibición. Recordemos que una ley que penaliza el aborto en cualquier circunstancia solo castiga a las mujeres pobres y las más jóvenes, puesto que son ellas quienes pueden ser denunciadas a menudo en los mismos hospitales donde acuden con abortos incompletos, son encarceladas e incluso arriesgan morir en abortos clandestinos. Mientras que quienes tienen recursos acceden a procedimientos seguros y no enfrentan el castigo social, lo que establece un perverso doble estándar.

Esta es la realidad que hoy, como Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, queremos colocar en el debate público con más fuerza que nunca, exigiendo respuestas y acciones concretas. ¿Hasta cuándo se impone sobre las mujeres esta inaceptable dictadura moral, que además transgrede los principios de un Estado laico? Ponemos en juicio la calidad de esta democracia que obliga a las mujeres –la mitad de la población del país– a someterse a las decisiones y posturas morales de otros: sean políticos, jerarcas eclesiásticos, jueces, o profesionales de la salud.

Despenalizar el aborto significa reconocer y validar los principios de libertad, autodeterminación, dignidad y autonomía que tienen las personas todas por su sola condición humana. Significa reconocer los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la reproducción. Contando para ello con la información, los medios y los servicios que así lo permitan, incluyendo servicios de aborto legal y gratuito.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), el aborto realizado en condiciones de riesgo fue declarado como grave problema de salud pública y la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en 1995 recomendó a los Estados revisar sus leyes punitivas. El Estado chileno ha omitido cualquier acción en este sentido. Ha ignorado una serie de recomendaciones que el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU le han planteado, subrayando la urgencia de cambios en la penalización absoluta del aborto en Chile, enfatizando el efecto negativo de las restricciones legales al aborto y su impacto sobre el derecho a la vida y salud de las mujeres. Estos organismos también han recalcando que las denuncias, los maltratos y el encarcelamiento de mujeres por esta causa son formas de violencia y tortura inaceptables.

Por su parte, desde 1991, el congreso chileno se ha negado sistemáticamente a abrir un debate al respecto y no ha tramitado proyectos de ley sobre aborto, silenciando el hecho indesmentible que en el país un total estimado de 120 mil mujeres abortan clandestinamente cada año. Más de 300 cada día.

Esta realidad debe ser confrontada. Las mujeres que abortan no son criminales, ni delincuentes. Solo están ejerciendo, en las condiciones más difíciles y limitadas, su derecho y libertad de decidir.

Seminario abordará realidades y desafíos sobre el aborto en Chile

En coincidencia con el próximo 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se llevará a cabo el Seminario Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Un asunto de derechos humanos, Homenaje a Tegualda Monreal. Tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre próximos, en lugar a confirmar, y es convocado por la Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública, con la participación de diversas Facultades, organizaciones de la sociedad civil, y profesionales del área de la salud. Contará además con participación de destacadas personalidades de América Latina comprometidas con avanzar en el debate sobre la despenalización del aborto en la región.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, está participando activamente en la organización y desarrollo del Seminario, el cual abordará el tema del aborto desde diversos enfoques, incluyendo las experiencias feministas que se están impulsando en la región latinoamericana y caribeña en los últimos años para derogar las leyes que penalizan el aborto y así garantizar el derecho de las mujeres a la autodeterminación sexual y reproductiva. Próximamente se difundirá la convocatoria oficial del evento y el programa a desarrollar, con sesiones plenarias y talleres.

Violencia institucional contra mujeres en ALC

La realidad regional da cuenta de numerosos casos de mujeres y niñas que se ven afectadas por la penalización del aborto. En países como El Salvador, Nicaragua, México, República Dominicana, entre otros, cotidianamente se denuncia persecuciones contra mujeres que han abortado, y se les imponen condenas altísimas. O bien se les niega el aborto incluso en condiciones que su salud está en alto riesgo por la gestación. Por su parte, las organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres sufren también amenazas y amedrentamiento, tal como ha ocurrido recientemente con el Grupo sobre Información en Reproducción Elegida, GIRE, de México.

Chile no es la excepción. El caso de Belén, niña de 11 años violada por el conviviente de su madre, quien como consecuencia de ello quedó embarazada, tuvo un impacto incluso más allá de nuestro país. Considerando la total ilegalidad del aborto, y tomando en cuenta el riesgo evidente de una gestación a esa edad, distintas organizaciones y personas levantaron su voz demandando la interrupción del embarazo, incluyendo personas del ámbito  médico y político. Estas voces se encontraron con un muro de total negación, y el mismo Presidente Piñera aplaudió la supuesta "madurez" de la niña que se habría manifestado deseosa de continuar el embarazo.

Este comentario de Piñera ha merecido total rechazo incluso desde otros países, por cuanto una niña de esta edad difícilmente estará en condiciones de decidir tener sexo, en primer lugar, y menos aún ser madre, sino que más bien da cuenta de una situación de violencia, desprotección y falta de apoyo para resolver su circunstancia.

Más recientemente se denunció en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, a una muchacha que habría acudido a un centro hospitalario para pedir atención de urgencia por un aborto incompleto. Ella habría utilizado medicamentos abortivos y ante la falta de resultados, habría procedido a realizarse maniobras abortivas. Fue denunciada en el hospital y es un caso que probablemente llegue a ser enjuiciado en tribunales. Este hecho demuestra que el Ordinario A15/1675 del Ministerio de Salud, que obliga a la no judicialización y a la confidencialidad de los casos, no se está aplicando y persisten denuncias de mujeres internadas en hospitales públicos por abortos inseguros, que sufren maltrato y demora de atención.

Es por ello que los distintos informes sombra preparados por la sociedad civil para ser presentados a los organismos de derechos humanos de la ONU han hecho hincapié en esta incoherencia.  Por otra parte, también han ocurrido en el ámbito nacional persecuciones y amenazas contra organizaciones que apoyan la despenalización del aborto, en especial contra la Línea Aborto Chile, y contra organizaciones que participaron en la reciente Marcha Nacional por el Derecho al Aborto realizada el 25 de julio pasado, la que convocó a más de 10 mil personas.

La Articulación Feminista por el Derecho a Decidir, a partir del caso de Belén, continúa impulsando una campaña de firmas a nivel internacional. ¡¡Difundir y apoyar!!

http://www.avaaz.org/es/petition/Por_el_derecho_a_aborto_seguro_y_legal_en_Chile/?dhLgNab

Documento Regional: Consenso de Montevideo

En medio de un panorama complejo en la región, por la presencia y acción de fundamentalismos religiosos que presionan en los países por frenar avances legislativos a favor del derecho a decidir, recientemente se aprobó un importante documente que podrá influir positivamente en temas de salud sexual y reproductiva en su vínculo estrecho con población y calidad de vida. Se trata del Consenso de Montevideo, firmado en el marco de la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que aborda integralmente una serie de temáticas centrales para la vida de las mujeres, entre ellas el aborto, desde la perspectiva de sus derechos humanos universales. Para acceder, siga el siguiente enlace:

http://www.eclac.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf